La construcción irregular de San Pancho (Punta Paraíso) está a punto de caerse. Tras el paso de los huracanes y las tormentas, la Profepa informó, en sus redes sociales, de una situación de colapso inminente y acudió al sitio para encontrarse con Protección Civil, con el compromiso de acompañar los protocolos de emergencia que se determinen y de priorizar la vida, la salud y la integridad de las personas. Las imágenes muestran el edificio al borde del derrumbe, con el oleaje golpeándolo de frente.
Hace apenas unos días, el 7 de octubre, la justicia había dicho su parte. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó por unanimidad el amparo a la empresa detrás de Punta Paraíso y dejó firmes las sanciones de la Profepa, devolver a su estado base mil 466 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, lo que implica demoler, y ceder las dos torres a la Nación. Fueron seis años de litigio.
Faltaba lo más importante, ¿cuándo? El comunicado no precisó plazos ni calendario. La sentencia dijo que debía hacerse, pero no dijo para cuándo.
El mar sí tiene calendario, aunque no lo publica. Llegó Rachel, y luego otras tormentas, y en unos días hizo lo que el sistema tardó años en ordenar. Mientras el expediente avanzaba entre una concesión en 2009, una ampliación en 2014, una inspección en 2021, una resolución en 2022, un juicio de nulidad, una sala especializada y un amparo, el oleaje no llenó formularios ni pidió prórrogas.
No es una forma de justicia, claro. El mar no distingue entre culpables y espectadores, ni mide responsabilidades. Y no conviene ponerle moraleja a un edificio que podría caer con gente cerca. Pero tampoco se puede ignorar la escena, una construcción que la autoridad ya había declarado irregular, esperando una demolición sin fecha, y el agua mostrando, con una crudeza que ninguna sentencia alcanza, lo que significa ocupar un espacio que no estaba hecho para eso.
Nadie puede decir que no se advirtió. En 2017 y 2018, vecinos y ambientalistas salieron a protestar, y en 2018 cerca de mil personas denunciaron afectaciones a la playa y a una zona donde desovan las tortugas. En 2019, un tribunal federal aceptó un amparo de los habitantes contra la manifestación de impacto ambiental del proyecto. La discusión estaba sobre la mesa mucho antes de que llegara el agua. Lo que faltó fue que alguien actuara a tiempo.
Ahora la urgencia cambió de naturaleza. Ya no se trata de quién tiene la razón jurídica, sino de que nadie salga lastimado. La Profepa dice que seguirá presente, buscando que las medidas tengan el menor impacto ambiental, y que continuará informando. Quedan, sin embargo, las preguntas que la sentencia dejó en el aire, cuándo se ejecuta, quién lo hace y quién paga.
Mientras tanto, el edificio sigue ahí, frente a una playa que nunca dejó de ser playa. Y el mar, que no conoce escrituras ni licencias, hace lo que ha hecho siempre, reclamar lo suyo sin esperar a que el calendario de los hombres se ponga de acuerdo.
