El 19 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el impuesto del 15% que los veinte ayuntamientos de Nayarit cobraban para la Universidad Autónoma de Nayarit. Ya lo había tumbado en 2023, con el mismo argumento que la Segunda Sala usó en 2013 para un caso idéntico de Morelos: quien paga un impuesto no demuestra con eso capacidad económica para pagar otro encima.
Esta vez fue más lejos y anuló también los artículos de la Ley del Patronato que definían el impuesto, aunque por mayoría dejó en pie al Patronato mismo. El tributo desapareció y la institución que lo administraba sigue ahí. Lo que se haga con ella, y sobre todo con el dinero que deja de llegar, le toca resolverlo a Nayarit.
Para saber de cuánto dinero hablamos basta abrir los presupuestos de 2026 del Patronato y de la Universidad, que están publicados. El Patronato esperaba recibir este año 175.4 millones de pesos: 162.2 millones del impuesto que enteran los municipios y 13.2 millones de intereses y otros ingresos. Preveía gastar 173.4 millones, 9.9 en su propia operación y 163.5 en transferencias a la Universidad, y el resto quedaba como remanente. De esos 163.5 millones, la Universidad registraba en su presupuesto solo 47.4; los otros 116.1 millones quedaban fuera del presupuesto que aprueba el Consejo General Universitario. La reforma de 2021 destinó el 75% del impuesto a pagar una deuda universitaria específica, y una vez cubierta, ese dinero se fue a obras, equipamiento, becas y programas que elegía el propio Patronato.
Origen y destino de los recursos del Patronato en 2026
Fuente: Presupuesto 2026 del Patronato (Periódico Oficial, 14 de enero de 2026) y Presupuesto de Egresos 2026 de la UAN (Gaceta Universitaria, 16 de diciembre de 2025).
A primera vista el golpe parece menor. En el presupuesto universitario apenas se notan 47.4 millones, el 1.8% de su gasto. La pérdida de verdad son los 162 millones del impuesto, que sostenían casi todo lo que el Patronato transfería, porque se había vuelto la principal fuente de inversión propia de la Universidad. Con él se van las obras, el equipamiento y buena parte de las becas y programas que pagaba. El efecto completo se sentirá en 2027.
Lo que corresponde, y la ley lo respalda, es que el Gobierno del Estado cubra el faltante con subsidio ordinario. La Ley de Educación Superior del Estado, de 2024, prohíbe reducir de un año a otro lo que se destina a la educación superior y obliga a avanzar hacia aportaciones paritarias con la Federación. Hoy Nayarit pone el 23.8% del subsidio ordinario de la UAN y la Federación el 76.2%.
La dificultad está en de dónde sacarlo. El presupuesto estatal de 2026 supera los 32 mil 200 millones de pesos, como informó este diario en diciembre, y junto a esa cifra 162 millones parecen poca cosa, alrededor del 0.5%. Pero, como en casi todos los estados, la mayor parte de ese dinero llega etiquetado desde la Federación o ya está comprometida en nómina, pensiones y deuda. Lo que el Gobierno puede mover a su criterio es bastante menos, y cada peso que pase a la Universidad saldrá de otra necesidad. Reponer el total en un solo año está fuera de su alcance.
Habrá quien proponga cobrar el mismo impuesto con otro nombre. Sería perder el tiempo, porque la Corte ya lo invalidó dos veces y exhortó al Congreso a no repetir el vicio, y un tercer intento acabaría igual y solo alargaría la incertidumbre.
Aunque todo empezó con una sentencia, lo que queda por resolver es de dinero. La Corte ya dijo lo suyo sobre la validez del impuesto; ahora hay que ver cómo se reponen los recursos, y la respuesta tiene que ser económica, con un buen soporte jurídico detrás. Una vía que merece estudiarse a fondo es revisar las contribuciones que el estado ya cobra y ajustarlas para compensar lo perdido, con su destino fijado en la ley, entregado directo a la Universidad y con incentivos para quien quiera aportar por su cuenta.
Los municipios también tienen que entrar. Ellos recaudaban el impuesto especial, de sus cajas salía cada peso que llegaba al Patronato, y más de la mitad venía de Bahía de Banderas. La Constitución protege sus ingresos y ya no se les puede cargar un tributo para la Universidad, pero los ayuntamientos pueden firmar convenios de colaboración, apoyar desde sus presupuestos becas y programas para sus jóvenes, abrir sus ventanillas a los ciudadanos que quieran aportar o encargar a la Universidad los estudios y servicios que de todos modos requieren. Si la Universidad forma a sus profesionistas y recibe a sus estudiantes, lo justo es que los municipios carguen también con una parte de su sostenimiento.
Y todo esto tiene prisa. En cuanto la sentencia se notifique al Congreso se corta el flujo, mientras las obras y adquisiciones contratadas con cargo al impuesto siguen corriendo. Si nadie las paga, quedarán inconclusas, con el costo y las responsabilidades que eso trae, o tendrán que cubrirse con el dinero de la nómina y de la operación académica. El Patronato, entretanto, sigue existiendo con su estructura y sus gastos, y puede ir consumiendo los saldos que conserva. El paquete económico de 2027 se discute en estas semanas; si la solución queda fuera, se pierde un año.
Por eso propongo ir por etapas, combinando varias medidas y ordenándolas en el tiempo.
Lo primero, desde ya, es cuidar lo que hay. El Patronato calcula ganar este año casi 10 millones de pesos en intereses, lo que indica que guarda saldos considerables. Ese dinero, junto con el impuesto ya causado que los municipios todavía deben enterar y los adeudos que arrastran, tendría que apartarse para terminar las obras y sostener las becas en curso. Y el gasto del Patronato debe congelarse, porque mantener una estructura de 10 millones al año para administrar un impuesto que desapareció es tirar el dinero.
Para 2027 la compensación del estado puede escalonarse. Los 47.4 millones que sostienen la operación académica deben cubrirse con subsidio ordinario. La inversión, los 116 millones restantes, puede reponerse a otro ritmo: el artículo 68 de la ley estatal de educación superior prevé un fondo especial para infraestructura plurianual, y ése es el vehículo natural para hacerlo de manera gradual, conforme lo permitan las finanzas del estado y con proyectos que priorice el Consejo General Universitario. También vale la pena tocar la puerta de la Federación para un apoyo extraordinario; al fin y al cabo pone tres cuartas partes del subsidio ordinario de la UAN, y lo que está en juego es la viabilidad de la institución.
Ya de 2028 en adelante vendría lo de fondo: que el estado vaya subiendo su aportación hacia la paridad que la ley ordena, y que la Universidad genere más recursos propios, que hoy apenas llegan al 5% de su presupuesto. El camino es largo. Aun si el estado repusiera completos los 163.5 millones, su parte en el subsidio ordinario subiría apenas del 23.8 al 28.6%, lejos del 50% de la paridad y por debajo del promedio estatal de 38.7% que reporta la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Falta decidir qué hacer con el Patronato. Nació en 1970, cuando la Universidad todavía no era autónoma. Hace años, el doctor Julián Gascón Mercado me contó que en su origen estaba para cuidar la confianza de la sociedad en una universidad que apenas empezaba, más que para manejar dinero. Hoy la Ley Orgánica de la UAN establece en su artículo 29 que los impuestos que se le destinen son patrimonio de la Universidad y que ella los administra libremente. Aun así, era un ente estatal, con un presidente que designa el Congreso a propuesta del gobernador, el que decidía qué obras, equipos y programas se pagaban. Ese mismo presidente encabeza el colegio que conduce la elección del rector. Y en 2020 hubo un intento de entregarle también los ingresos propios de la Universidad, que frenaron los amparos promovidos contra esa reforma.
El Congreso debe abrogar la Ley del Patronato con un cierre ordenado, en el que los saldos y los derechos de cobro pasen a la Universidad. Ella, por su lado, puede moverse desde ahora. Su Ley Orgánica contempla desde hace años, en el artículo 28, una Fundación Universitaria para conseguir recursos complementarios, y bien podría echarla a andar como su propio patronato, integrada por el Consejo General Universitario, con ciudadanos que participen sin cobrar, sostenida solo con dinero privado (donativos, egresados, un fondo patrimonial, un sorteo) y con las cuentas a la vista de todos. Para 2027 llegaría tarde, pero con los años podría hacer lo que el Patronato nunca hizo, que es hacer crecer el patrimonio de la Universidad.
Mientras todo eso se decide, hay que cuidarse de dos tentaciones, además de la del impuesto con otro nombre: pasarles el costo a los estudiantes, justo cuando la ley avanza hacia la gratuidad, y dejar que el Patronato siga funcionando por inercia hasta acabarse los saldos, con obras a medias.
Hace cincuenta años la confianza de la sociedad en su Universidad quedó encargada a un ente externo. Ahora le toca a la propia Universidad ganársela, y al estado acompañarla con lo que de verdad pueda dar, aunque sea poco a poco. Por lo nuestro, a lo universal.
Raúl Rosales Rosas es abogado y socio fundador de Rosales Rosas & Asociados.
Fuentes: SCJN, Acción de Inconstitucionalidad 20/2026 y Acción de Inconstitucionalidad 27/2023; Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la UAN; Ley Orgánica de la UAN; Ley de Educación Superior del Estado de Nayarit (2024); Presupuesto 2026 del Patronato y Presupuesto de Egresos 2026 de la UAN; SEP, subsidio ordinario UAN 2026; ANUIES, Compromiso Común 2030; Meridiano, 20 de diciembre de 2025.
