La rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Norma Liliana Galván Meza, fijó su postura a pocos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el impuesto adicional del 15 por ciento que se cobraba en 20 municipios del estado para financiar a la casa de estudios.
En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, la rectora sostuvo que la UAN “es patrimonio de todas y todos” y que hablar de recursos para la Universidad es hablar de oportunidades para las y los nayaritas. Según dijo, detrás de cada obra, beca y espacio universitario hay “historias, sueños, familias y oportunidades”.
Sin referirse de manera directa a la resolución, Galván Meza afirmó que, “más allá de los discursos respecto a los mecanismos de financiamiento”, existe una responsabilidad compartida para seguir construyendo una universidad pública sólida, cercana a su gente y comprometida con el desarrollo del estado.
La rectora aseguró que continuará trabajando “con responsabilidad institucional, transparencia y apertura al diálogo”, en coordinación con las instancias correspondientes, para encontrar alternativas que fortalezcan a la UAN y protejan su misión educativa. Recalcó además que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir confianza, y cerró con una frase: “la Universidad está más viva que nunca”.
El 19 de octubre, el Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo Federal y determinó que el cobro contradice la Constitución. El gravamen, previsto en la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la UAN, obligaba a quien hacía un pago municipal por impuestos, derechos o servicios a agregar un 15 por ciento adicional. Por ejemplo, quien pagaba mil pesos debía sumar 150 más, por lo que en la prensa se le conoció, por sectores de la prensa, como “impuesto sobre impuesto”.
La Corte consideró que se violaba el principio de proporcionalidad tributaria, pues haber cumplido con otra obligación fiscal no demuestra por sí mismo una capacidad económica que justifique una contribución adicional. Los ministros reconocieron que financiar la educación superior es un fin relevante, pero advirtieron que la obtención de recursos públicos debe respetar las reglas constitucionales en materia de impuestos.
El tribunal invalidó el artículo 1 de la ley, que establecía qué se gravaba y la tasa, y extendió la invalidez a los artículos 2 y 3 por depender del mecanismo anulado. También invalidó las reglas que impedían pagar el cobro de forma diferida o en parcialidades.
Este es el segundo golpe judicial al esquema. En 2023, la Corte ya había invalidado el cobro en las leyes de ingresos municipales de ese año, entre ellas las de Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Compostela, y exhortó al Congreso local a no repetirlo.
La invalidez surtirá efectos cuando la Corte notifique sus resolutivos al Congreso de Nayarit. Queda sin respuesta cómo se compensará lo que la universidad dejará de recibir: en su presupuesto de ingresos 2026, la UAN contempló 47.4 millones de pesos por este concepto. Además, el fallo no aclara si quienes ya pagaron el 15 por ciento podrán recuperarlo.
