El fortalecimiento de la cultura democrática en la entidad avanzó mediante una jornada de análisis técnico sobre los criterios de paridad y justicia electoral. Representantes de los organismos jurisdiccionales federales y locales se reunieron para examinar los mecanismos que garantizan la igualdad sustantiva dentro de los procesos de selección interna de las fuerzas políticas, priorizando la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.
Durante esta jornada académica, coordinada por el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, se revisaron expedientes clave relacionados con la autodeterminación partidista. La ponencia principal fue impartida por Ana Laura Alatorre Vázquez, quien se desempeña como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, aportando una visión técnica sobre cómo los principios de igualdad deben integrarse en la vida interna de las organizaciones políticas.
Dicho ejercicio se centró en el estudio del expediente SUP-REC-172/2026, un documento que establece precedentes sobre la integración paritaria en cargos de representación. Los asistentes profundizaron en las implicaciones de estas sentencias para el sistema electoral vigente, analizando cómo la interpretación jurisdiccional sirve como un filtro de equidad que previene la discriminación y asegura que la participación política sea efectiva y sustancial.
La actividad congregó a docentes, investigadores y jóvenes universitarios en la sala de sesiones del consejo local, fomentando un intercambio de experiencias entre las autoridades y la sociedad civil. Esta apertura permite que el conocimiento jurídico no se quede sólo en los tribunales, sino que permee en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos interesados en la defensa de la legalidad y el equilibrio institucional.
Al socializar los criterios vigentes sobre paridad e igualdad, se dota a los actores políticos de las herramientas necesarias para cumplir con la normativa electoral vigente. La coordinación interinstitucional reafirma el compromiso de modernizar los procesos democráticos en el estado, promoviendo una competencia justa que refleje la pluralidad y la inclusión que demanda la población contemporánea en el ejercicio de sus derechos.
