La discusión sobre el financiamiento de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) abre un nuevo frente para los municipios del estado: cómo mantener el respaldo económico a la máxima casa de estudios después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el impuesto del 15 por ciento que los 20 ayuntamientos recaudaban con ese propósito.
Ante este escenario, la diputada local Nataly Tizcareño Lara planteó la necesidad de construir alternativas legales y estrategias financieras que permitan sostener los recursos destinados a la institución. Para la legisladora, el desafío va más allá de una cuestión tributaria: está en juego la continuidad de una fuente de financiamiento que, afirmó, contribuye a la construcción de aulas, el mejoramiento de las escuelas y el otorgamiento de becas.
“No podemos soltar la máxima casa de estudios de los nayaritas. Sería un daño irreversible para el patrimonio, donde se forman los jóvenes que no tenemos los recursos para pagar una institución privada”, expresó.
Tizcareño Lara apeló también al papel de la universidad como una vía de acceso a la educación superior para familias de sectores rurales y trabajadores. Recordó que en sus aulas se han formado hijos de campesinos, pescadores, jornaleros y otros sectores que encuentran en la educación pública una oportunidad de desarrollo profesional.
La legisladora adelantó que buscará dialogar con los gobiernos municipales para explorar mecanismos que permitan mantener las aportaciones a la universidad. Entre las alternativas que mencionó está la incorporación de disposiciones en las leyes de ingresos de los ayuntamientos, aunque la viabilidad de esa vía dependerá de su sustento jurídico y de los procedimientos correspondientes.
El planteamiento surge después del fallo de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional el gravamen del 15 por ciento. Por ello, cualquier alternativa deberá considerar los alcances de la resolución judicial y determinar qué instrumentos pueden utilizarse legalmente para garantizar recursos a la institución.
La diputada advirtió que la pérdida de esos ingresos tendría consecuencias para las finanzas universitarias. Según sostuvo, la eliminación de esta fuente de recursos podría comprometer la capacidad de la UAN para financiar obras de infraestructura, mejorar sus planteles y respaldar a sus estudiantes.
“Tenemos que entrarle todos los nayaritas, porque de ahí sale para construir aulas, mejorar escuelas y otorgar becas a los alumnos”, afirmó.
Tizcareño Lara reiteró que buscará establecer acuerdos con los municipios para encontrar una vía que permita continuar apoyando económicamente a la universidad. También aludió a posibles controversias administrativas si alguna empresa cuestionara los cobros; sin embargo, la legalidad de cualquier nuevo mecanismo dependerá de su diseño y de su compatibilidad con la resolución de la Suprema Corte.
