Una nueva legislación en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas fue ratificada por el Congreso local para garantizar respuestas humanas a las familias. El marco normativo busca optimizar la localización de ciudadanos mediante protocolos de actuación inmediata y una coordinación estrecha entre los distintos órdenes de gobierno, priorizando siempre la integridad de las víctimas y la protección de su patrimonio.
Consta este ordenamiento de 154 artículos que promueven la participación activa de los familiares en los procesos de investigación e identificación forense. Dentro de dicho esquema jurídico, se establece la máxima protección de los derechos humanos y la aplicación obligatoria de la perspectiva de género, asegurando que el interés superior de la niñez sea el eje rector en cada expediente de localización y atención institucional.
Esta iniciativa, enviada originalmente por el titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Navarro Quintero, fue analizada y votada por los integrantes de la Trigésima Cuarta Legislatura durante un periodo extraordinario de sesiones. La armonización con los criterios federales permitirá que el intercambio de información sea fluido, eliminando barreras burocráticas que anteriormente retrasaban las acciones de búsqueda y la debida diligencia en los casos reportados en la entidad.
Diversas reformas a la Ley de Movilidad también recibieron el respaldo del Pleno para otorgar mayor certeza jurídica en la gestión de trámites, permisos y concesiones. Con estos cambios, el sistema de transporte público se fortalece al establecer reglas claras que favorecen tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio, elevando los estándares de seguridad y calidad en los traslados que realizan los habitantes diariamente.
Acciones adicionales incluyeron la actualización de la normativa interna del Poder Legislativo para mejorar la rendición de cuentas y la donación de un inmueble en el municipio de Ahuacatlán. Este terreno será transferido al Instituto Nacional del Suelo Sustentable para ejecutar proyectos de vivienda que brinden seguridad patrimonial a la población, consolidando así una jornada parlamentaria enfocada en resolver demandas sociales históricas.
