El ciclo de declaraciones patrimoniales y de intereses en el gobierno del estado cerró con 99.6 por ciento de cumplimiento. La Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza confirmó que más de 200 funcionarios no realizaron el trámite, por lo que podrían recibir una amonestación.
El secretario José Valencia Salazar detalló que, de los 299 servidores que quedaron pendientes, solo 70 presentaron su declaración o corrigieron el error en que habían incurrido. Por los casos restantes, la dependencia abrió carpetas de investigación para requerir la presentación.
Valencia Salazar explicó que a cada funcionario se le notifica y se le concede una etapa para cumplir. Aun así, advirtió, el sólo requerimiento ya constituye un acto de molestia. Si no regularizan su situación, podrían enfrentar una amonestación pública o privada y, en su caso, hasta la suspensión del empleo.
